Corficolombiana, de ese grupo empresarial, era socia de la brasileña para la construcción de la Ruta del Sol II, en la que presuntamente se pagaron multimillonarias coimas en forma de contratos de papel, según Jorge Enrique Pizano (q.e.p.d), quien como “controller” de Corficolombiana le contó a Néstor Humberto Martínez, hoy fiscal general, pero entonces abogado de la empresa colombiana, los supuestos desmanes que halló.
Esta denuncia habría llegado a Sarmiento a través de Martínez en 2015.
Así lo reveló en un comunicado el Fiscal, a mediados de noviembre de este año cuando se conocieron los audios de su conversación con Pizano. Además, en el mismo texto afirma que gracias a esa información “los consorciados llegaron a un acuerdo por virtud del cual Odebrecht se obligó a reintegrar 33.000 millones de pesos” al Grupo Aval.
Hoy, tanto el conglomerado financiero como Corficolombiana afrontan un proceso en la Superintendencia de Industria y Comercio.
Como consecuencia de la situación, durante dos días fue tendencia en Twitter la etiqueta #NoAlGrupoAval. Utilizándola, algunos usuarios manifestaron que cancelarían productos de ese holding empresarial; otros mostraron cómo cortaban sus tarjetas débito y crédito.
¿Pánico financiero?
El superintendente financiero, Jorge Castaño, dijo: “Hemos visto un par de mensajes en Twitter, en los que se está invitando, basados en información inexacta y falsa, a que colombianos vayamos a sacar los ahorros de ciertas entidades. Acá, nuestro mensaje es que el sistema financiero tiene una solidez que las cifras corroboran en términos de solvencia”.
Y agregó que entablará denuncias penales contra cuentas que promuevan esos mensajes. En ello estuvo de acuerdo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Trinó: “Es muy urgente que la Fiscalía dé trámite a la denuncia penal presentada por el superintendente bancario contra aquellos que están especulando sobre entidades financieras para causar pánico económico que acabaría con los activos de todos los colombianos”.
A lo que respondió María Carrascal, una promotora del boicot: “Qué abuso. Los colombianos no podemos elegir el banco en el que queremos tener nuestros productos financieros. De manera intimidatoria amenazan con denuncia penal contra quienes hemos promovido protesta justa y legítima contra Sarmiento Angulo por cuestiones éticas”.
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